En la octava región serán 13 mil las familias que verán a contar del próximo año que el futuro de sus hijos no dependerá de los vaivenes de los ingresos, sino que será garantizado por el Estado.
El 23 de diciembre de 2015 quedará grabado en la retina de los chilenos como un día histórico, un día en que triunfó el bien común y los derechos por una educación superior gratuita y de calidad. Pues, luego de más de tres décadas la gratuidad vuelve a las universidades de nuestro país gracias a que la Presidenta Michelle Bachelet cumplió una vez más su palabra al promulgar la Ley Corta de Gratuidad. A partir de marzo 2016, cerca de 178 mil jóvenes y adultos no tendrán que pagar ni arancel ni matrícula para estudiar. Un compromiso que la Jefa de Estado asumió responsablemente y que hoy pone en marcha para cumplir el sueño del acceso a la educación superior a miles de familias.
La aprobación de esta nueva ley asegurará educación gratuita para todas las universidades estatales, beneficiando exclusivamente a estudiantes que provengan de familias pertenecientes a los cinco primeros deciles. Se estima que cerca de 91 mil jóvenes matriculados en estas instituciones accederán a la gratuidad en 2016. Adicionalmente, se destinarán $2.500 millones para que estas universidades mantengan o mejoren, según sea el caso, sus niveles de acreditación institucional.
Las ues privadas también podrán ser parte de la gratuidad, siempre y cuando tengan al menos cuatro años de acreditación y cuyos controladores o administradores no tengan fines de lucro. Por otro lado, los Centros de Formación Técnica e Institutos profesionales también podrán acceder al beneficio y se les incrementará el monto de la Beca Nuevo Milenio II de$700.000 a $850.000, para estudiantes de los cinco primeros deciles matriculados. Se incrementará, además, el monto de la Beca Nuevo Milenio I de $800.000 a $850.000 para los mejores alumnos y alumnas de su promoción.
En nuestra región serán 13 mil las familias que verán a contar del próximo año que el futuro profesional de sus hijos e hijas no dependerá de los vaivenes de los ingresos, sino que será garantizado por el Estado como un verdadero derecho, propio de una sociedad más igualitaria.
Sin lugar a dudas, somos un país que avanza a paso firme para mejorar la equidad e igualdad en el acceso a la educación. Lo demostramos ya con la ley de Inclusión Escolar, a nivel de educación primaria y secundaria, cuando la Presidenta Bachelet la promulgó en mayo de este año y hoy dimos el paso que faltaba en la educación superior.
Desde hoy, el 50% más vulnerable de los estudiantes pertenecientes a las instituciones que accedan a la gratuidad conforme a los requisitos de esta ley, no tendrán que seguir pagando junto a sus familias el costo de la educación, sino que esto va a ser reemplazado por el Estado, como corresponde en un país que avanza en el reconocimiento de la educación como un derecho social.
Enrique Inostroza Sanhueza
Seremi de Gobierno
Región del Biobío
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